Tribunal suspende decreto de traslado de 6,6 millones de usuarios a EPS intervenidas
La decisión judicial advierte riesgos para la libre elección de los pacientes, la competencia en el sistema de salud y cuestiona el sustento técnico del decreto.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, norma que establecía el traslado masivo de 6,6 millones de afiliados del sistema de salud colombiano hacia EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
La decisión judicial frena temporalmente la aplicación del decreto expedido el 25 de febrero de 2026, el cual proponía modificar el modelo de aseguramiento en salud mediante un enfoque territorial que implicaba trasladar millones de usuarios, principalmente hacia Nueva EPS.
Según el tribunal, la medida podría generar perjuicios irreversibles para los afiliados y afectar derechos fundamentales como la libre elección de aseguradora en el sistema de salud.
Riesgo de desaparición de EPS en varias regiones
Uno de los principales argumentos del tribunal se centra en el impacto que la medida tendría sobre el funcionamiento del sistema de salud.
Los magistrados advirtieron que, de aplicarse el decreto, varias EPS podrían dejar de operar en determinadas regiones del país, lo que reduciría significativamente las opciones disponibles para los usuarios.
Antes de la expedición del decreto, en muchos municipios operaban entre dos y cinco EPS, permitiendo cierto nivel de competencia entre entidades y la posibilidad de que los afiliados cambiaran de aseguradora si no estaban satisfechos con el servicio.
Con el nuevo modelo territorial, algunos territorios podrían quedar con una sola EPS autorizada, situación que limitaría la capacidad de elección de los pacientes.
Posible vulneración al derecho de libre elección
El tribunal también señaló que el traslado masivo de afiliados podría vulnerar el derecho de los ciudadanos a escoger libremente su entidad de aseguramiento en salud.
En la práctica, la permanencia en algunas EPS —especialmente en Nueva EPS— dejaría de ser una decisión voluntaria del afiliado y pasaría a convertirse en una consecuencia del nuevo esquema territorial planteado por el decreto.
Además, la providencia advierte que la medida podría concentrar la operación del sistema en una sola entidad en más de 500 municipios del país, lo que tendría efectos estructurales en el acceso a los servicios de salud.
Impacto en la competencia del sistema
Otro de los aspectos analizados por el tribunal fue el impacto que el decreto tendría sobre la competencia dentro del sistema.
La reducción del número de aseguradoras activas podría alterar el funcionamiento del modelo actual, en el que los usuarios pueden cambiar de EPS cuando consideran que el servicio no cumple con sus expectativas.
La decisión judicial también advierte que una reducción drástica del número de afiliados de algunas entidades podría generar tensiones financieras y operativas, aumentando el riesgo de liquidación de EPS y provocando nuevos traslados masivos de usuarios.
Tribunal cuestiona el sustento técnico del decreto
Los magistrados también señalaron posibles debilidades en los estudios técnicos utilizados para justificar la medida.
Según el análisis del proceso, el estudio que sustentó el decreto no explica con claridad cómo se definieron los porcentajes mínimos de afiliados que una EPS debe tener para operar en distintos niveles territoriales.
Tampoco se detalla cuáles entidades cumplirían con la llamada “masa crítica nacional” de usuarios, lo que en la práctica habría terminado favoreciendo principalmente a Nueva EPS.
Orden al Gobierno nacional
Con la medida cautelar, el tribunal ordenó al Gobierno nacional —a través del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la Superintendencia Nacional de Salud— abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto mientras se resuelve de fondo la demanda presentada contra la norma.
La suspensión permanecerá vigente hasta que la justicia determine la legalidad del decreto y sus posibles efectos sobre el sistema de salud colombiano.
